La experiencia del modelo español de seguridad y de integridad deportiva fue el tema central en la primera jornada del Seminario Latinoamericano Integridad en el deporte; Lucha contra el fraude en el deporte, que se desarrolla en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El sistema de trabajo está basado en la coordinación permanente y el intercambio de información entre el estado español, La Liga y los clubes; legislación específica en la materia, recursos económicos, revisión de la infraestructura de estadios y un vínculo constante con los aficionados a través de sus organizaciones.
La primera exposición estuvo a cargo de Ana Criado, Subdirectora General Adjunta de Régimen Jurídico del Consejo Superior de Deporte. Criado explicó el funcionamiento del Sistema Español de prevención de la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Asimismo detalló la evolución del marco jurídico de la ley de 2007 sobre violencia en el deporte que rige en España.
Dicho marco normativo, en línea con las pautas del Consejo de Europa, regula todo lo referente a los protagonistas (espectadores, jugadores, dirigentes) en el entendido que hay una relación directa entre lo que ocurre “en la cancha y en la grada”, de forma de preservar los valores éticos del deporte.
Este modelo también atiende los cambios sociales y culturales que vivió España desde los 90, por el incremento de la inmigración. De ahí a que la lucha contra la violencia abarca el racismo, la xenofobia y la intolerancia –acoso o ataque a un grupo o comunidad-. Como ejemplo indicó que para todo el deporte español se mandató a las federaciones a eliminar toda normativa que fuera discriminatorias, como la prohibición de competir a extranjeros a nivel amateur. Otro es la prohibición de exhibir símbolos o permitir cánticos que inciten a la violencia. Así como está prohibida la esvástica en las gradas, se creó un manual de símbolos violentos –de diversos orígenes- para que en los controles de acceso se puedan detectar. Esto último ya lo aplica la UEFA en sus torneos.
Florentino Villabona, Director del Departamento de Integridad y Seguridad de La Liga, expuso sobre el enfoque de la Policía española en la lucha contra la violencia. Indicó que el fútbol profesional es la mayor industria del ocio de España -con 100 mil puestos de trabajo directos- lo que obliga a preservar la seguridad e integridad de esta actividad.
Para Villabona los “Ultras” o “barras” son grupos de presión que con el tiempo se vuelven grupos de extorsión, por lo tanto erradicar a los violentos demanda responsabilidad de los organizadores de los espectáculos: estadios con medidas de seguridad adecuadas, intercambio de información, establecer derechos y obligaciones a los aficionados. Cada club debe tener un coordinador, de formación policial, que trabaja coordinado con la policía. A esto se suma la seguridad privada dentro de los estadios –conocidos como Stewart en buena parte de Europa-, los cuales deben estar capacitados.
La policía es la encargada de la seguridad de los protagonistas antes, durante y después de cada partido, dentro y fuera del campo. Sin embargo advirtió que debe actuar de forma proporcional y congruente: “No se puede ir a una grada llena de gente a provocar un mal mayor”.
Sin dar cifras concretas Villabona aseguró que la seguridad en el fútbol cuesta “millones de euros al estado español”. Sin embargo por concepto de impuestos provenientes del fútbol profesional se captan más de 1.400 millones de euros. En cuanto a la seguridad privada cada club destina importantes recursos, en línea con sus ingresos.
Más adelante Villabona detalló acciones de La Liga para erradicar la violencia, como la decisión de ser parte actora ante la justicia cuando hay un hecho de violencia, de forma de evitar que el caso judicial se archive por falta de seguimiento. Otro aspecto es el seguimiento de las redes sociales donde los Ultras intervienen para prevenir posibles incidentes. La información se comparte con las autoridades del estado y la policía.
En la pasada temporada 2017/2018 hubo siete peleas en partidos de La Liga. Cinco en zonas aledañas a la cancha. Sobre estas u otras situaciones hay un registro, seguimiento y análisis, de forma de sistematizar la información. Citando a Javier Tebas, presidente de La Liga, “al fútbol hay que protegerlo desde que el hincha sale de su casa, va al estadio y vuelve a su casa”.
Desde 2015 se tomaron una serie de acciones, como la obligación de los organizadores de designar a un director de seguridad, establecer un reglamento interno de clubes, reglas para venta de abonos y entradas, creación de un manual y un portal del aficionado. Además hay reuniones periódicas con las peñas y organizaciones de fanáticos de los clubes. Hacia adelante se apunta a seguir profundizando un cambio cultural donde los clubes no amparen a los violentos y se reduzca la visibilidad de los Ultras. En tal sentido se analiza lograr el cierre de cuentas en redes de personas que se vanaglorien de cometer actos de violencia.
Otra medida que busca desarmar las estructuras de las barras y su lugar en los estadios son las Gradas de Animación; allí se ofrece bajar las entradas de 40 a 15 euros con la condición de ingresar con el registro de huella digital y comprometerse a no cometer actos de violencia. En el mediano plazo se analiza la experiencia de los estadios de Leganés y Atlético Madrid, donde se usa el sistema de reconocimiento facial. Si es exitoso se ampliará a los otros escenarios, pasando del sistema de huellas al de cámaras.
En materia de integridad informó que La Liga trabaja activamente para evitar el arreglo de partidos y la incidencia de las apuestas. Se analiza el mercado de apuestas de todo el mundo y se sigue en tiempo real cómo evolucionan para detectar posibles actos de amaño o arreglo. A los jugadores se les da un Manual de Buenas Prácticas, donde se informa sobre las inhibiciones de apostar en sus partidos y las sanciones previstas: consecuencias penales -4 a 6 años de cárcel- y deportivas.
Mariana Galván, abogada y asesora del Ministerio de Seguridad de Argentina, presentó el proyecto “Estadio Seguro” que se aplica en su país y el proceso de reforma normativa del régimen jurídico del fútbol. Para esto se aplicó el modelo español, en acuerdo con la Liga.
Sobre el proyecto de ley, Galván dijo que lo primero es estandarizar conductas y lograr una norma aplicable a todas las jurisdicciones del país. Señaló que hay situaciones que se tratan distinto según las provincias y que falta coordinación entre los actores públicos y entre el estado y los organizadores de los partidos.
Otro objetivo es desestimular las actividades económicas que financian a las barras bravas, penalizando la reventa de entradas y el cobro de estacionamientos de forma compulsiva. En paralelo se debe actuar para eliminar la connivencia entre barras y dirigentes.
El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay participa de este seminario, representando a AIPS América. El evento es organizado por el Consejo Superior del Deporte de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Asisten integrantes de organismos reguladores del Deporte y del sector público de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Puerto Rico.
