Una reforma legislativa en 2012 fue el punto de partida para que Chile pusiera en marcha el plan “Estadio Seguro” (ES) como forma de erradicar hechos de violencia y mejorar la seguridad de los espectáculos deportivos en el fútbol profesional.
En el Seminario Latinoamericano sobre Integridad en el Deporte, que se desarrolla en el Centro de formación de la Cooperación Española (AECID) en Santa Cruz de la Sierra, el representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Gustavo Garrido, presentó las principales líneas de trabajo de esta iniciativa.
Garrido explicó que el plan no fue creado a partir de una tragedia, lo cual marca una diferencia con respecto a otras iniciativas en la región. Sin embargo se detectaron situaciones de violencia a corregir, así como racionalizar los recursos de seguridad pública destinados para la vigilancia en el fútbol. En Chile los Carabineros son la fuerza encargada de la seguridad en los partidos profesionales. Pero el despliegue en los partidos implicaba dejar de cubrir otras zonas, restaba tiempo de descanso a los efectivos y al no ser una fuerza especializada en seguridad en el fútbol no se podía aplicar una política integral en la materia.
Con la aprobación de la reforma de la ley 19.237 el organizador de cada partido pasó a ser el responsable de la seguridad, debiendo designar a un jefe de seguridad, utilizar guardias privados y disponer de cámaras de seguridad. Otro aspecto es la revisión previa a los asistentes y controlar el ingreso de quienes estén impedidos a asistir a partidos por orden judicial.
Otra restricción se da por la aplicación del derecho de admisión a partir de 2015, con una segunda reforma normativa. Los organizadores, por motivos fundados de seguridad, pueden aplicarlo, siendo una medida más flexible que las determinadas por la justicia. Con esto se permite excluir por ejemplo a personas que realicen amenazas a través de RRSS.
La ley establece que las intendencias y gobernaciones deben habilitar los estadios, se crean las sanciones a los organizadores y los derechos de los aficionados a tener estadios limpios y accesibles. Asimismo se establecieron cuatro categorías de medidas de seguridad -A, B, C y D-, según el tipo de partido. Las medidas de seguridad deben ser proporcionales al riesgo de cada partido. En la máxima -A- se exigen todas las condiciones de control y tecnología.
Estadio Seguro también apunta a la coordinación del calendario con la ANFP para evitar que se concentren partidos complejos en una misma fecha o ciudad. También que no se crucen con otros eventos masivos.
El cuerpo de Carabineros sigue brindando la seguridad de los espectáculos y auxilia a los privados en los controles. Sin embargo Garrido dio un ejemplo sobre el cambio en el despliegue policial en virtud de otras medidas complementarias llevadas a cabo. En el clásico Universidad de Chile-Colo Colo de 2011 se desplegaron 909 Carabineros. En 2018, seis años después del comienzo de Estadio Seguro, fueron 489.
Garrido concluyó que aún hay que avanzar en la consolidación de Estadio Seguro, ya que al día de hoy hay clubes que aún quieren que Carabineros haga todo el trabajo. En tal sentido indicó que no se autorizaron partidos si no se dispone el dispositivo de seguridad acorde. Por eso se agregó en la segunda reforma las sanciones económicas. Lo que se ahorran los organizadores por no hacer dispositivos de seguridad lo pierden en multas.
El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay participa de este seminario, representando a AIPS América. El evento es organizado por el Consejo Superior del Deporte de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Asisten integrantes de organismos reguladores del Deporte y del sector público de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Puerto Rico.